Coatzacoalcos, Veracruz.-La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en su delegación Veracruz Sur atraviesa una de sus crisis de representatividad más agudas de los últimos años. La gestión de su actual presidente, Iván Ordaz Aréchiga, ha quedado marcada por una notable falta de vinculación institucional ante las dependencias gubernamentales del ámbito federal. Esta desconexión política ha dejado desprotegidos a los empresarios locales, quienes observan con frustración cómo las grandes decisiones sectoriales se toman sin considerar la capacidad técnica de la región.
El epicentro de este conflicto se localiza en Coatzacoalcos, una zona que por su naturaleza estratégica debió ser el motor de reactivación para las constructoras veracruzanas. Sin embargo, la parálisis en la gestión cupular ha provocado el aislamiento total de las empresas de la zona sur del estado en los portafolios de inversión pública. La ausencia de un liderazgo firme que defienda el contenido nacional y regional en la obra pública ha entregado el mercado local a tomadores de decisiones externos.
La manifestación más evidente de este vacío de poder gremial se observa en el destino de los grandes proyectos de infraestructura federal proyectados para el municipio. Obras de gran envergadura económica y social han sido asignadas sistemáticamente a consorcios provenientes de otras entidades del país. El dinero público que debió dinamizar la economía local mediante la contratación de empresas veracruzanas termina fortaleciendo a capitales ajenos a la región sureña.
Un ejemplo claro de este desplazamiento es el proyecto del Acueducto La Cangrejera, una obra hídrica vital que requería el conocimiento del terreno que poseen los ingenieros locales. A pesar de contar con la maquinaria y el personal calificado en la delegación Veracruz Sur, la licitación y ejecución quedó en manos foráneas. La falta de cabildeo oportuno por parte de la dirigencia de la CMIC local impidió que las empresas regionales compitieran en igualdad de condiciones.
El escenario se repite de manera casi idéntica en la planeación y desarrollo del Puente Coatzacoalcos III, otra de las infraestructuras clave para la conectividad industrial. Esta megaobra, que representa inversiones multimillonarias, pasó de largo para los agremiados locales, quienes fueron reducidos a meros espectadores del desarrollo de su propia comunidad. Las empresas del centro y norte del país acapararon los contratos principales debido a la falta de un frente común local.
Como consecuencia directa de este acaparamiento, a las constructoras veracruzanas solo les ha quedado la opción de buscar subcontratos menores con las firmas ganadoras. Esta dinámica coloca a los empresarios de Coatzacoalcos en una posición de total vulnerabilidad, aceptando condiciones impuestas por los grandes consorcios nacionales. El trabajo operativo y el desgaste de la maquinaria se queda en Veracruz, pero la riqueza principal es exportada a otras latitudes.
El impacto económico de estas subcontrataciones se traduce en márgenes de ganancia mínimos que apenas permiten la supervivencia de las plantillas laborales locales. Los contratistas regionales asumen los riesgos más altos de la ejecución en campo a cambio de una fracción muy pequeña del presupuesto original. Este esquema de subordinación financiera ahoga la capacidad de capitalización de las constructoras veracruzanas, impidiéndoles crecer y adquirir nueva tecnología moderna.
El panorama actual exige una profunda autocrítica y una reestructuración urgente dentro de la dirigencia de la CMIC delegación Veracruz Sur si se quiere salvar al sector. La continuidad de una política de brazos cruzados ante la federación solo profundizará el desempleo y la quiebra de de varias empresas. Coatzacoalcos cuenta con el talento y la experiencia necesaria, pero requiere urgentemente de un canal de gestión que dignifique el trabajo de sus constructores.